Conozca la nueva reglamentación sobre sistemas de facturación

written by B2B Abogados
7 · 12 · 20

A más tardar el 30 de junio de 2021, el denominado documento equivalente deberá emitirse de manera electrónica. La norma establece como sanción, para quienes teniendo la obligación no facturen, el cierre del establecimiento de comercio.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 358 de 2020, el cual reglamenta los sistemas de facturación en temas como: la Factura Electrónica de venta con Validación Previa, los obligados, no obligados, requisitos para Proveedores Tecnológicos y la expedición de documentos equivalentes.

En cuanto a los sistemas de facturación, confirma que son la factura de venta y los documentos equivalentes, y que la factura de venta podrá ser electrónica con validación previa o de talonario o papel. En lo relacionado con el sistema de facturación denominado documento equivalente, se redujo la cantidad de ellos, y la norma dispone que, a más tardar el 30 de junio de 2021, deberán emitirse de manera electrónica. 

 Lo que establece

La norma establece los obligados a expedir la Factura Electrónica, dentro de los que se encuentran los responsables del Impuesto Sobre la Ventas -IVA; los responsables del Impuesto Nacional al Consumo; quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas; los comerciantes, importadores, o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales y los inscritos en el Régimen Simple de Tributación, entre otros.  

El decreto también establece quienes no son obligados a expedir Factura Electrónica, entre los que aparecen: bancos, corporaciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia, entre otros.  Allí mismo se indica que a partir del primero 1 de septiembre de 2020, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido, deberán expedir factura de venta y/o documento equivalente. 

Esta nueva reglamentación también dispone una sanción equivalente al cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio para quienes, estando obligados a facturar, no lo hagan, o expidan documentos distintos a la factura de venta y/o documento equivalente.  

La norma prevé que únicamente se considerará cumplido el deber de expedir factura electrónica de venta y tendrá reconocimiento para efectos tributarios, cuanto se adjunte a la misma el documento electrónico de validación firmado por la DIAN. Igualmente, menciona que la Entidad dispondrá de manera gratuita los servicios informáticos electrónicos para facilitar la generación, transmisión, validación, entrega y recepción de la factura de venta, notas débito, notas crédito, y demás documentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica. 

El decreto en mención estableció nuevos requisitos para los interesados en ser habilitados por la DIAN como proveedores tecnológicos de servicios de factura electrónica, entre otros: acreditar infraestructura tecnológica y plan de contingencia para garantizar la continuidad de negocio para los servicios de factura electrónica.  Todos los requisitos establecidos deberán ser acreditados a partir del 30 de octubre de 2020. 

Respecto del porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, de costos o gastos deducibles, el Decreto 358 de 2020 establece que iniciará a operar desde la fecha en que expire el último plazo previsto para los sujetos obligados conforme con el calendario de implementación que proferirá la DIAN en los próximos días. Para el caso del documento equivalente POS, se establece que hasta el 1 de noviembre de 2020 será válido.

Terminación unilateral

Los arrendatarios de locales comerciales podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento hasta el 31 de agosto de 2020. El arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que proceda cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes.

Lo que excluye el decreto

Se excluyen de esta posibilidad los contratos de arrendamiento financiero mediante leasing.

El decreto explica qué…

En caso de inexistencia de cláusula penal en el contrato, el arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente a un canon de arrendamiento. Para que el arrendatario pueda terminar unilateralmente el contrato deberá estar al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato.

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